El contador Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, “no cometió ningún delito” en el marco de las decisiones que tomó con respecto a los fondos que se recibieron de parte de YMAD, y con su accionar la única que se benefició con obras que eran sumamente importantes fue la Casa de Altos Estudios, ya que nadie se enriqueció de manera ilegal en el proceso. Esta fue la conclusión, luego de cuatro días de extenso alegato, a la que arribaron las defensoras Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, las últimas en hablar en un juicio que lleva ya un año y cuatro meses.

Peyracchia, quien insumió con su parte las dos últimas jornadas, afirmó ante los jueces del Tribunal Oral Federal Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, que la acusación responde a intereses políticos y disputas internas en el Consejo Superior. Negó además que el proyecto de la Ciudad Universitaria en el Cerro San Javier fuera viable y defendió la legitimidad de las decisiones tomadas durante la gestión de su defendido.

La letrada retomó su alegato final con una reconstrucción histórica de la llamada Ciudad Universitaria de San Javier. Recordó que en 2023 se hallaron, por azar, 2.821 láminas del proyecto original, guardadas durante 70 años en un depósito de la Secretaría de Planeamiento y Obras, en las que se advertían los problemas de seguir con esa obra. “La ciudad universitaria desapareció por completo del nuevo estatuto universitario”, recordó, y explicó que el artículo 166 del reglamento eliminó toda referencia a esa obra, cambiando el destino de los fondos en línea con la ley 14.771. Aseguró que esa modificación fue aprobada por la propia Asamblea Universitaria. Según Peyrachia, el ex rector siempre conoció la inviabilidad del proyecto, no como un argumento de defensa, sino por su “indiscutido y manifiesto bagaje intelectual”. Lo describió como contador, decano, profesor asociado, investigador, dos veces rector y “voraz lector y conocedor de la historia”. Señaló que el cambio de radicación fue aprobado en la época del ingeniero Eugenio Flavio Virla, cuando el Consejo Superior avaló solicitar un crédito al BID para desarrollar un centro universitario en San Miguel de Tucumán. Por eso, insistió en que no hubo improvisación ni ocultamiento: “la decisión de YMAD era legítima y se enmarcó en un contexto institucional conocido”.

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La defensora recordó que los representantes de la UNT en YMAD, como los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Campero, también sabían que la ciudad universitaria que había soñado Horacio Descole era inviable. Afirmó que, aun cuando el 40% de utilidades ya no correspondía a la UNT, los ex rectores lograron que el ente minero distribuyera esos fondos, lo que permitió financiar un plan de obras que estaba en marcha desde el inicio de la gestión de Cerisola. “El plan de obras de ninguna manera sustituye la ciudad universitaria del cerro; fue el medio de conseguir más dinero de lo que se correspondía”, sostuvo, y subrayó que para 2006 la estructura edilicia de la UNT “se caía a pedazos”.

En ese marco, Peyrachia detalló que la gestión de su defendido obtuvo $243 millones más $60 millones de intereses, y que “se aplicaron 100% a la ejecución del plan de obras, en cuyo marco se construyeron más de 100 obras de envergadura”.

“Mezquinos intereses”

La abogada acusó al Consejo Superior que condujo la UNT entre 2014 y 2018 de actuar con “mezquinos y particulares intereses”, usando la denuncia original para “enlodar el buen nombre y gestión del rector”. Señaló que ese cuerpo, liderado por la decana de Derecho Adela Seguí, el ingeniero Ricardo Cisneros y el contador José Luis Jiménez, pretendía ocupar el lugar de Cerisola en YMAD. “Confesaron que YMAD se había vuelto interesante por cómo distribuía utilidades y por la riqueza que estaba distribuyendo”, recordó. Para la defensa, allí radica el verdadero motor de la causa.

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Peyrachia también apuntó contra la metodología del requerimiento de elevación a juicio, que según ella se limitó a comparar dividendos y balances sin considerar las facultades del directorio de YMAD. “Conclusión: no hubo perjuicio. YMAD distribuyó en todo momento las utilidades de modo correcto y legal, habiendo percibido la UNT los porcentajes establecidos por ley durante la gestión de mi defendido”, enfatizó. Sostuvo que la acusación carece de tipicidad penal y que el hecho imputado debe ser tratado como una cuestión civil.

La letrada dedicó un pasaje a criticar la introducción, durante el debate, de un acta interpretativa firmada en junio de 2024 entre el rector Sergio Pagani y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Denunció que su incorporación fue celebrada con “euforia” por la querella y que se firmó 22 días después del inicio del juicio para influir en el proceso. “La finalidad de ese convenio fue exactamente esa: hacerlo incidir en este proceso”, afirmó, criticando a la parte acusadora por tergiversar su contenido.

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En el cierre, la defensora pidió de forma expresa la absolución de Cerisola y la extinción de la acción penal por prescripción. “El hecho imputado no constituye delito por ausencia absoluta de tipicidad”, concluyó. Y dejó planteado que cualquier discusión sobre la legitimidad de las decisiones de YMAD y el reparto del 40% de las utilidades corresponde al fuero civil, no al penal.

Finalmente, Peyrachia afirmó que las pruebas presentadas por su equipo demostraron de forma “concluyente e inequívoca” que los intereses generados por las inversiones de los fondos de YMAD “ingresaron en un 100% al patrimonio universitario”. La abogada destacó que, más allá de una absolución por duda razonable, el objetivo de la defensa era lograr una sentencia absolutoria que rechace las hipótesis delictivas. Además acusó a la fiscalía de “manifiesta deslealtad procesal” y “total desparpajo” por haber modificado su acusación inicial de fraude a último momento. La defensa argumentó que el Ministerio Público Fiscal, después de cinco años de investigación, no pudo sostener la acusación de perjuicio económico, lo que confirmaría la tesis de la defensa sobre la falta de base en la denuncia inicial. “Las pruebas presentadas desmienten la existencia de un sistema de opacidad, de oscuridad en la utilización de los fondos”, concluyó.

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Lo que viene en el juicio: desde el lunes habrá réplicas y dúplicas

Las audiencias en el marco del juicio se reanudarán el próximo lunes 18 y martes 19. Allí los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa y los defensores Silvia Peyrachia, Rosa Luz Casen, Alfredo Falú, Víctor Taleb y Pamela Tenreyro tendrán la posibilidad de hacer réplicas y dúplicas, momentos procesales donde las partes tienen la oportunidad de responder a los argumentos de la contraparte. La réplica es la respuesta del demandante a la contestación del demandado, mientras que la dúplica es la respuesta del demandado a la réplica del demandante. Tras esto, los miembros del Tribunal informarán qué días se podrán escuchar las últimas palabras de los cuatro imputados (Juan Alberto Cerisola, Olga Cudmani, Luis Sacca y Osvaldo Venturino) y finalmente cuándo se dará a conocer el veredicto.